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Por KARINA FERNÁNDEZ | Fotos de GUILLERMO NAHUM El pasado 8 de febrero se realizó en Londres la reunión del Comité de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), de la cual participó, en representación de la Sección America Latina y Caribe, su presidente, Omar Suárez, Secretario General del SOMU en nuestro país. El informe que el representante latinoamericano presentó en dicha oportunidad para su debate, descansaba en dos problemas plenamente vigentes: los servicios portuarios que Uruguay brinda a buques de operan en la Zona Económica Exclusiva de las Islas Malvinas y la explotación de los marineros peruanos, perpetrada por buques pesqueros con bandera de conveniencia, con puerto de asiento también en el vecino país. Durante la reunión del Comité los miembros de la ITF dieron total apoyo a Omar Suárez para que en su condición de presidente realice campañas de solidaridad con el objeto de lograr la firma de Convenios Colectivos de Trabajo y combatir la pesca ilegal no declarada ni reglamentada. Durante el cónclave, al referirse a las diferentes maneras en que los estados pueden contribuir a la solución de los problemas antedichos y en concordancia con lo normado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se especificaron una serie de instrumentos con los que cuentan los estados rectores de puerto, a saber: • Denegación de todo acceso a puerto. • Prohibición de desembarques, trasbordos y/o elaboración de capturas. • Confiscación y decomiso de las capturas. • Prohibición de la utilización de los servicios portuarios, como el reabastecimiento de combustible, el resuministro y las reparaciones. • Prohibición de la venta, la comercialización, etc. Tomando como propio lo establecido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresa el presidente de la ITF para la Latinoamérica y el Caribe en una nota enviada al Canciller Héctor Timerman, fechada 30 de marzo de 2010: “He solicitado a todas las Organizaciones Sindicales afiliadas a la ITF y al movimiento sindical internacional, lleven adelante las medidas necesarias a efectos de comenzar una campaña internacional para tratar de mitigar y/o eliminar los dos flagelos que tanto nos perjudican como trabajadores: falta de Convenios Colectivos de Trabajo y Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada”. En el documento presentado tanto a la máxima autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país como al Comité de Pesca de la ITF reunido en Londres, se denuncia que “los tripulantes peruanos, empleados por armadores españoles, aceptan firmar contratos de trabajo en condiciones notablemente inferiores a las que aceptaría cualquier marinero uruguayo, provocando una competencia desleal”. La flota española que opera desde Uruguay, emplea alrededor de 1.500 marineros peruanos, embarcándolos como personal subalterno, con salarios que varían entre 300 y 800 dólares y un plus por producción de entre 200 y 500 dólares adicionales. Además denuncian la realización de descargas en alta mar, de la que participarían no solo los buques de bandera española sino también de otras banderas de conveniencia, entre las que se destacan Corea del Sur, Taiwán y las Islas Malvinas. El total de barcos con bandera de conveniencia que utilizan el puerto uruguayo para reabastecerse, descargar o efectuar reparaciones es de 664 embarcaciones. Los recursos que son objeto de explotación de esta flota no controlada, son mayormente merluza, calamar, pez espada y tiburón. La zona de pesca es fuera de las Zonas Económicamente Exclusivas de Argentina y Uruguay y dentro de las Zona Económica Exclusiva de las Islas Malvinas. En una situación contraria a lo acordado por la UNASUR, que resolvió impedir que los buques que lleven bandera ilegal de Malvinas puedan entrar a cualquier puerto del continente, en el puerto de Montevideo operan más de 30 buques con dicha bandera. Al respecto Omar Suárez se expresa en los siguientes términos ante el Canciller Héctor Tímerman: “Ha llegado el momento de expresarme como Secretario General del SOMU y sobre todo como argentino a quien la sangre le corre por las venas, ya que en virtud del informe mencionado he tomado conocimiento de que lamentablemente una vez más los legítimos derechos de la República Argentina con respecto a nuestras queridas Islas Malvinas siguen avasallados por el Reino Unido, con la complicidad de decisiones del gobierno de un país hermano, no de su gente.” En el informe al que se hace referencia en esta nota se señalan empresas que poseen permisos de pesca en las Islas Malvinas, las cuales son controladas por empresas multinacionales con filiales en la Argentina, algo que se encuentra prohibido taxativamente a través de la Ley 23.683 que modifica el Régimen Federal de Pesca 24.922. Contra ellas, dice el escrito enviado al Canciller: “Reclamaremos como Sindicato, las sanciones legales y sociales que corresponden” y prosigue, “tenga usted la certeza de que seguiremos denunciando ante los organismos competentes de nuestro país para que dichas empresas no pesquen nunca más dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva”. Haciéndose eco de las palabras de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández, cuando en la Asamblea de las Naciones Unidas, del pasado 24 de septiembre habló de un mundo con doble estándar, donde solo los países en desarrollo deben cumplir las resoluciones de dicho cuerpo, mientras los miembros permanentes del Consejo de Seguridad del la OTAN pueden violarlas sistemáticamente, el secretario general del SOMU expresó: “Día a día tenemos que seguir luchado desde nuestro lugar por reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ya que desde las sepulturas extraviadas en la soledad de los archipiélagos nuestros héroes caídos en la lucha, están a la expectativa de que nuestras acciones den sentido patrio a sus muertes”. |
FUENTE : http://www.revistapuerto.com.ar
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