Oscar Cortessi, ex capitán de la Marina Mercante.
El ex capitán de la Marina Mercante Oscar Cortessi, en el marco de la extensa entrevista con ABC Color, se refirió también a logística del transporte internacional, a los bloqueos en puertos, abordajes, así como a las violaciones sistemáticas de las normas internacionales de la libre navegación.
En este último tramo de la entrevista de nuestro diario con el Ing. Oscar Cortessi, le preguntamos sobre los inconvenientes con los que hoy tropieza la flota paraguaya en la hidrovía, más precisamente en los puertos del Río de la Plata.
-¿A qué atribuye Ud. el bloqueo del que últimamente somos objeto en el Río de la Plata?
-En los últimos tiempos, el Paraguay ha sido relegado en muchos aspectos en el ámbito internacional. Entre esas postergaciones la más afectada es la logística del transporte internacional, que afecta profundamente a nuestra economía, como consecuencia de los bloqueos de puertos, abordajes y otras violaciones sistemáticas de las normas internacionales de la libre navegación, entre otras cosas.
Sin embargo, a pesar de ser sacudidos por estas acciones, seguimos especulando que las mismas son por cuestiones políticas, sociales, sindicales y hasta culturales, pero nunca nos ocupamos del porqué de las cosas.
Cabe que nos preguntemos entonces: ¿Estamos haciendo bien los deberes? ¿Estamos protegidos por normas internacionales? ¿La autoridad encargada en estos momentos es realmente competente? ¿Acordaron un plan de expansión de nuestra flota? ¿Nuestras embarcaciones cumplen con las normas y reglamentos internacionales? ¿Tenemos políticas de dragado de nuestros principales ríos? ¿Nuestros armadores están realmente preocupados por el bienestar de los trabajadores fluviomarítimos?
-O sea, somos reacios a “ordenar la casa” y a la autocrítica.
-Antes que planificar trabajos es muy común recurrir a la improvisación y a colocar gente incapaz de conducir un área tan sensible y a la vez muy importante de nuestra economía, como es el sector fluvio-marítimo y portuario nacional.
Un ejemplo es el papel que desempeñan la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) y la Prefectura General Naval (PGN).
No responsabilicemos entonces a los extranjeros cuando intervienen nuestros buques, multan y suspenden a nuestros tripulantes, o cuando no quieren cargar y descargar nuestras embarcaciones, sin antes hacer un estudio previo de la situación.
-¿Qué responsabilidad le cabe al sector naviero?
-Sabemos que al grupo empresarial naviero no le interesa el pabellón con el que navega, y sí el beneficio económico que va a obtener de ese negocio, lo que me parece natural, para eso invirtieron, pero también hay un país con un gobierno que debe tener una política nacional hacia el sector, y porque esa política se cumpla para beneficio del país y de los que vengan a invertir.
-¿Existe transgresión de las normas internacionales sobre seguridad en la navegación de parte de nuestras embarcaciones?
-Lo más terrible son las violaciones de las leyes nacionales por parte de las mismas autoridades encargadas de hacerlas cumplir.
Un ejemplo de ello: hoy en día la PGN ejerce funciones de autoridad marítima por un decreto de Nicanor (Duarte Frutos), siendo la DGMM por Ley Nº 429/57 la encargada de dirigir y coordinar todas las actividades relativas a la marina mercante e industrias afines, a sabiendas de que de esta forma no se respeta la prelación de leyes.
-¿Cuáles serían nuestras debilidades?
-Una de las debilidades de nuestra marina mercante es la falta de formación del personal embarcado.
Paraguay no firmó el convenio STCW 95 de la OMI “Standards of Training and Watchkeeping International Convention”, conocido en castellano como “Convenio Internacional para la Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar”.
Con ello perdemos una excelente oportunidad para crear mano de obra especializada en el área marítima, habida cuenta que en ese ámbito, incluso internacional, faltan recursos humanos calificados, mano de obra que puede ser exportada, en vez de dejar salir a compatriotas al viejo mundo sin ninguna preparación y, por ende, sin oportunidad de competir en ese mercado.
-¿Quién debería impartir los cursos de formación del personal embarcado?
-Actualmente la Armada Nacional, a través del CINAE, imparte cursos sin ningún valor académico y sin siquiera estar habilitada para formar al personal civil, sino más bien para beneficio de unos pocos.
Hasta un diplomado en logística fluvio-marítima publicó una vez que realizarían cursos en conjunto con la CAF y M (Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay), y como requisito principal exigía ser bachiller, a sabiendas de que para realizar un diplomado el perfil requerido es haber terminado una carrera de grado.
Esta es la clase de enseñanza, si de alguna manera podemos llamarle así, que imparte la Armada Nacional a través de la PGN, CINAE, y expide certificados sin valor alguno, porque si un compatriota quiere ir a trabajar al exterior no podría visarlo en el MEC y mucho menos ser aceptado en un país extranjero signatario del STCW 95.
-¿Cuál es el escenario para los inversores extranjeros?
-En la actualidad un inversor que quiere instalarse en el país recurre a la DGMM, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para tramitar una habilitación de una embarcación, puerto o astillero, y recabar información sobre los requisitos exigidos por ley.
En la DGMM lo derivan a la PGN para obtener esas informaciones, siendo que la DGMM es la encargada, por Ley Nº 419, “que crea el régimen legal para la construcción y funcionamiento de puertos privados”, de brindar toda la información inherente, además del Decreto Nº 14402/01 que designa a la DGMM como órgano de aplicación de la Ley 419/94.
-¿Por qué no se respeta un orden jurídico básico?
-Sencillamente porque la PGN en fecha 17/08/2009 dictó una resolución administrativa, la Nº 67/2009, en la que establece las condiciones legales a observarse para el reconocimiento, registro y habilitación de los astilleros en el país, y hace mención a los artículos 185 y 193 de la Ley 928/27.
El artículo 185 dice: “Queda prohibido a los propietarios de los astilleros, varaderos y talleres de construcción naval, etc., efectuar trabajos de carena, reparación, cambio de arboladura, deshacimiento y en general toda obra a cualquier clase de embarcación sin el conocimiento, autorización o permiso correspondiente de la autoridad fluvial”.
El artículo 193 agrega: “Los dueños de los astilleros, varaderos, aserraderos o exportadores de madera en general que tengan en existencia vigas, tablones o cualquier otro artículo o material en la ribera o playa, deberán tenerlos amontonados o estibados en orden, como también las embarcaciones en construcción, o que sean sacadas a tierra en el varadero para ser reparadas, deberán ser colocadas o situadas de manera que no puedan obstaculizar el tránsito público en los lugares mencionados”.
Lo más curioso aquí es que anexan una hoja con un listado de los únicos “profesionales” que recomiendan para regentear un astillero, realizar peritajes, etc.
Ahora, pregunto: ¿cómo se puede interpretar esto?
-¿O sea que para lograr esto anteponen una resolución a la ley?
-Aunque Ud. no lo crea. En efecto, estamos ante el caso de un “iluminado” que emitió una resolución administrativa contradiciendo una ley, me refiero a la Ley Nº 419 que crea el régimen legal para la construcción y funcionamiento de puertos privados, y al Decreto Nº 14402/01, que designa a la DGMM como órgano de aplicación de la citada ley.
Habría que preguntarse entonces: ¿qué empresario querría invertir en un país donde no se respeta la prelación de las leyes?
De hecho la falta de respeto de las normas jurídicas indica que somos un país poco serio, lo cual de hecho desalentaría a cualquier potencial inversor, pues un país que no respeta la prelación de las leyes no será atractivo para nadie so pena de resultar expoliado.
-¿Quién firmó la polémica Resolución Nº 67/2009?
-La Resolución Nº 67/2009 de la PGN está firmada por el actual comandante de la Armada cuando era capitán de Navío DEM prefecto general naval interino Juan Carlos Benítez Fromherz.
Así y a la vista de nuestros socios, o sea de los países que integran la Cuenca del Plata, manejamos la hidrovía, y pese a que este tipo de impunidad está a la vista, a nadie le interesa.
Quiero agregar que urge respetar las normas, controlar las actividades, conductas y acciones de nuestras autoridades y otras rémoras, para que el día de mañana podamos denunciar con propiedad la injusticia de la cual somos víctimas, y defender nuestros derechos ante cualquier foro internacional que nos presentemos.
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